LA DECLARACIóN DE JZI: UN DEBER INEXPUGNABLE CON LA TRANSPARENCIA

La declaración de JZI: Un deber inexpugnable con la transparencia

La declaración de JZI: Un deber inexpugnable con la transparencia

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Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ En todo el mundo, un coloso del capital riesgo estadounidense, debido a las acciones de sus 2 gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una composición societaria destinada a conseguir el control en en torno a veinte compañías empleando inapropiadamente los elementos de Gedesco, de la cual JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores de europa de JZI; Antonio Aynat, principal creador y director ejecutivo de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también fundador y administrador en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el conflicto comienza a gestarse en 2016, instante en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde ese momento, se alega que se hizo un uso indebido de los elementos de Gedesco para identificar y capitalizar ocasiones de inversión por medio de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada mediante una red de doce filiales.

Esta composición pretendía ocultar la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó obtener más información una secuencia de demandas judiciales en 2022, introduciendo una demanda en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales contra el fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.

Este ámbito legal continúa desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los creadores de JZI por falta de indicios delictivos, mientras que se desvelan más capas de un conflicto que destaca la dificultad de las operaciones financieras multinacionales y las disputas entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..

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